"Cinco años de cárcel para el magistrado que ordene un pinchazo telefónico. Cinco años para quien lo realice y para quien lo filtre, y cinco años para los periodistas que lo publiquen. Ése es el núcleo duro del proyecto de Ley que el Gobierno italiano quiere aprobar. El primer ministro, Silvio Berlusconi, trata de esta manera de prohibir a jueces y fiscales el recurso de intervenir los teléfonos de sospechosos salvo en los casos de delitos más graves: terrorismo, mafia y violencia sexual. La medida excluiría los pinchazos como método de recogida de pruebas en los procesos que afectan a crímenes de cuello blanco: corrupción, prevaricación, sobornos, extorsión, estafas o delitos empresariales."
Información en la prensa burguesa: 1 2 3
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